La vida no vale nada en Quisqueya

La vida no vale nada en Quisqueya

Por Víctor Garrido Peralta.

 

La segunda causa de muerte en nuestra Patria se relaciona a los accidentes de circulación de la vía pública.  Unido a este flagelo, esta la generación de un alto porcentaje de disfunción en el núcleo familiar, discapacidad y ausencia laboral.  Desde enero del 2000 a septiembre del 2006 se han incrementado en un 35% los accidentes de tráfico y han despojado a 12,324 personas de sus vidas, ocasionando lesiones graves en el 27% de los casos.

 

El 82% de sus causas son debidas a violaciones de las leyes de tránsito, relacionadas en su mayoría a la intoxicación alcohólica; aceras tomadas por construcciones, vehículos y comercios; incidentes que consumen por razón de sus traumas, del 1% al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestra pobre nación.

 

Somos testigos inmutables de las imprudencias que se cometen a diario en las rutas del país.  Como modelo de estas, podríamos referir los atropellos que por carreras de vehículos se sucintan; las trifulcas callejeras por temas de circulación, que en ocasiones, han conseguido quitarle la vida a los involucrados.  El constante irrespeto a motociclistas y ciclistas, los que por su parte, en su conjunto, circulan sin los reglamentarios cascos.  El transporte criminal colectivo de pasajeros supernumerarios en motos, camionetas, triciclos y todo lo que pueda moverse sobre ruedas es otra alarmante práctica a erradicar.  Que decir de los animales que merodean por nuestras vías a su independiente potestad, originando aparatosos accidentes que en ocasiones suponen la pérdida de vidas humanas. 

 

Sí a todo ello le sumamos la aparentemente insuperable corrupción pública, con la ausencia de cumplimiento a las mínimas obligaciones de circulación vigentes, que con el pago de RD$45.00 logran la aprobación de una inspección que nunca se realizó, más la eminente venta de licencias de conducir, el mal estado de las vías, la carencia de señalizaciones, la ausencia de una estructura legal acorde con los tiempos, la deficiencia tecnológica y la insuficiencia del personal humano imprescindible en el terreno, podemos categóricamente afirmar que la vida no vale nada en la República Dominicana. Todo lo cual refleja la ausencia de voluntad estatal, la indiferencia de la sociedad civil organizada, así como también la carencia de consciencia ciudadana de nuestro pueblo.

 

Deben estas fatales referencias, hacer saltar las alarmas de todos los dominicanos sin distinción, pues las muertes y traumas  que causan  estas desventuras nos afectan a todos;  exigir a las autoridades de turno el que se dé prioridad de carácter sostenible a las necesidades esbozadas en este trabajo es una responsabilidad ineludible de los habitantes de esta nación, de tal forma que logremos mitigar esta aterradora realidad nacional.  No pretendemos continuar estimulando la existencia de un estado paternalista, lo que en los albores del siglo XXI es injustificable, pero si el que cumpla con su deber de proteger a los electores hasta de ellos mismos.  El poner en peligro su vida, la de sus acompañantes y la de otros ciudadanos(as) es una práctica a obviar  con la debida educación pública de nuestros paisanos.  Es en este aspecto donde los inconcebibles gastos de publicidad gubernamental están justificados. 

 

 

Por otra parte, creemos preciso el disponer de estrictas medidas de fiscalización y coerción para los delincuentes que se enriquecen a diario otorgando las llamadas revistas, y licencias de conducir por prebendas, acto corruptivo criminal que debe ser penalizado con toda la contundencia que esta práctica requiere.

 

En lo que respecta a la ridícula Ley de Tránsito dominicana, del año 1967, consideramos un deber de nuestros congresistas el legislar con perspectiva de futuro, trazándose como parámetros los próximos 50 años.   Obligación que no puede continuar  postergándose.

 

La inversión estatal en la calidad de las vías públicas, el suplir la falta de señalizaciones, conjuntamente con la dotación de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) es una necesidad imperiosa para nuestra población.

 

Pensamos pues, que la citada institución, AMET, tiene capacidad de autofinanciación partiendo de una actualización de las leyes de circulación y disponiendo de un número mínimo de multas a producir por sus miembros cada mes.

 

Entendemos que la gran mayoría de los fallecimientos y las aludidas consecuencias  que causa el caos imperante en la circulación de las vías públicas son evitables, si primase la debida voluntad política con la inversión de los recursos de todos, impuestos, en la prevención.  Al final de cuentas, será mucho más costo/efectivo el prevenir, que el desperdiciar la considerable suma que representa la inversión del 1% al 2% de nuestro PIB en el manejo de las secuelas tratables.  Sin prisas pero sin pausas……Llegaremos.

 
Períodico El Nuevo Díario
2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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